Llevo dándole vueltas a la noticia desde hace unos días. Ya se habrán enterado. Se trata de un joven británico que ha sido detenido durante una campaña policial contra la explotación infantil. Sin embargo, la policía no puede acceder a todas las pruebas debido a que su ordenador tiene una contraseña de 50 caracteres y el detenido se negó a facilitarla.
Por esta negativa lo han condenado a 4 meses de cárcel. Pueden hacerlo porque así está previsto por la Regulation of Investigatory Powers Act del año 2000.
Dejando aparte el no menos importante tema de si es culpable o no (todavía no lo han juzgado) o de si lo hace por su privacidad o por ocultar pruebas, a mí me gustaría saber si esta historia tiene final y los detalles técnicos del asunto. En estos momentos la policía está intentando acceder al contenido sin éxito.
Ya sabemos que una contraseña de acceso (de Windows, por poner un ejemplo) es fácilmente esquivable conectando el disco duro en otro equipo o arrancando desde un LiveCD. A ese punto ya habrán llegado los agentes encargados del caso. Así que debe tratarse de un programa de encriptación.
(cc) by .schill
Estamos cansados de ver películas de alguna versión de CSI, en la que con un juego de manos acceden a los equipos de los delincuentes. Esto es la realidad, y es importante para la justicia, y es importante para los criminales, y es importante para el fabricante, saber la fortaleza del software utilizado cuando se le aplican buenas dosis de recursos.
Hay otras posibilidades claro, aplicar ingeniería social, estudiar sus costumbres, sus lecturas, intentar adivinar una frase que pueda ser importante o/y fácil de recordar. Lo de aplicar un sistema de «fuerza bruta», es decir, bombardear combinaciones de números y letras en una cadena de 50 caracteres les puede llevar mucho, mucho, mucho tiempo.
Hubo otro caso a principios del 2009, un sospechoso de delitos financieros, brasileño para más señas, el cual tenía sus archivos bajo la encriptación de TrueCrypt. La intervención del FBI durante 12 meses (más los 5 meses del Instituto Nacional de Criminología de Brasil) no pudo solucionar el problema.
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